En economías de libre mercado, como la española, todos acostumbramos ser consumidores de decenas de servicios distintos. Entre ellos luz, gas, agua, transportes, telecomunicaciones, salud, enseñanza y más. La mayoría de éstos son proporcionados por empresas privadas, que en algunos casos tienen participación pública. Salud y enseñanza son ofrecidos principalmente por estructuras públicas, pero existe una amplia oferta de escuelas y hospitales privados a los que los ciudadanos pueden acceder.
Sin embargo, hay algunos servicios públicos para los que el Estado (o la Comunidad Autónoma) mantiene el monopolio casi absoluto: la seguridad ciudadana es uno de éstos. Hay que decir “casi” porque existen empresas privadas que desarrollan algunas tareas concretas que atañen al ámbito de la seguridad pública, como evitar robos en tiendas o atracos a bancos. Pero en ningún caso estas empresas pueden tomar decisiones sobre la administración de la seguridad pública tout-court.
Si por alguna razón un ciudadano no está contento con los servicios de los que paga la factura, es libre de cambiarse de proveedor. ¿No te gusta lo que te ofrece Endesa? Puedes pasarte a Iberdrola (o viceversa). ¿No estás satisfecho con el servicio de telefonía móvil que te ofrece Movistar? Te vas a Orange. Y así sucesivamente. Pero si no estamos contentos con el nivel de seguridad en las calles de nuestras ciudades, ¿qué tenemos que hacer?
El razonamiento puede parecer algo estirado. Pero el hecho de que exista un único proveedor (aunque diferenciado en distintos cuerpos de policía) que gestiona un servicio tan básico para la convivencia civil y el bienestar ciudadano tiene como principal consecuencia que no exista esa necesaria presión competitiva para que el servicio prestado sea lo más conforme a las expectativas de los usuarios.
Todos sabemos, por ejemplo, que los robos por las calles de Barcelona son, sobre todo en el centro, una verdadera plaga. Como no hay estadísticas oficiales, o las que hay no reflejan la magnitud del problema de forma adecuada (véase el índice global de victimización de Barcelona en 2009) por que sólo se entrevistan los residentes, vamos a dar un par de números. Aproximadamente un tercio de mis conocidos residentes en Barcelona y la mitad de mis amigos que vinieron como visitantes desde otros países fueron víctimas de un robo o de un intento de robo al menos una vez en los últimos dos años. Un porcentaje escalofriante. En el mismo periodo el autor de este post ha sido testigo de unos 10-15. En tres ocasiones intervino personalmente para prevenir el robo o correr tras el ladrón. En una de estas casi se lleva una paliza. El último en orden cronológico del que tengo noticia es de una amiga a la que atracaron mientras conducía su coche en el cruce entre Trafalgar y Mendez (cerca del barrio Gótico) la semana pasada.
Está claro que el fenómeno es creciente y que está fuera del control de las autoridades. Muchísimas de las víctimas, a menudo extranjeras, no denuncian el robo porque saben que sería perder el tiempo.
Y eso es lo que hay. Nadie, tampoco el Estado, puede rescindir un contrato y contratar a otra empresa de policía (Policia Nacional, Mossos, Guardia Civil, Guardia Urbana) que lo haga mejor.
El hecho es que este servicio de seguridad ciudadana por el que pagamos los impuestos, podría y debería mejorarse. Y tanto. Unos ejemplos: hay formularios de denuncia en que se pide que se indique si el ladrón era 1)Latino, 2)Arabe, 3)Negro, 4)Nórdico o 5)Oriental :-O). Hay páginas web para efectuar denuncias online que parecen programadas por el nieto del sargento (como ésta). Luego hay decisiones estratégicas cuestionables, como la de desplazar por Barcelona cientos de auxiliares en uniforme que se ocupan exclusivamente de dar multas por estacionamiento prohibido, despreocupándose totalmente de si le dan un tirón a alguien diez metros más allá. El resultado es paradójico: si aparcas el coche y no pagas lo debido tienes el 90% de probabilidades de que te multen, pero si atracas a un turista no tienes ni el 5% de probabilidades de que te arresten e menos del 2,5% de acabar en la cárcel. ¿Guay no?
Cuando existe un monopolio exclusivo de un servicio tan delicado como la gestión de la seguridad ciudadana sería deseable asegurar que la eficiencia con la que se presta es impecable, ya que no hay proveedores que lo pueden hacer mejor. Sólo hay uno.
Desafortunadamente, la percepción es que algunos servicios públicos estén exentos de cualquier tipo de rendición de cuentas. Enormes máquinas pensadas primero para distribuir rentas y luego, si hay tiempo y recursos, para servir los ciudadanos.
