En economías de libre mercado, como la española, todos acostumbramos ser consumidores de decenas de servicios distintos. Entre ellos luz, gas, agua, transportes, telecomunicaciones, salud, enseñanza y más. La mayoría de éstos son proporcionados por empresas privadas, que en algunos casos tienen participación pública. Salud y enseñanza son ofrecidos principalmente por estructuras públicas, pero existe una amplia oferta de escuelas y hospitales privados a los que los ciudadanos pueden acceder.
Sin embargo, hay algunos servicios públicos para los que el Estado (o la Comunidad Autónoma) mantiene el monopolio casi absoluto: la seguridad ciudadana es uno de éstos. Hay que decir “casi” porque existen empresas privadas que desarrollan algunas tareas concretas que atañen al ámbito de la seguridad pública, como evitar robos en tiendas o atracos a bancos. Pero en ningún caso estas empresas pueden tomar decisiones sobre la administración de la seguridad pública tout-court.
Si por alguna razón un ciudadano no está contento con los servicios de los que paga la factura, es libre de cambiarse de proveedor. ¿No te gusta lo que te ofrece Endesa? Puedes pasarte a Iberdrola (o viceversa). ¿No estás satisfecho con el servicio de telefonía móvil que te ofrece Movistar? Te vas a Orange. Y así sucesivamente. Pero si no estamos contentos con el nivel de seguridad en las calles de nuestras ciudades, ¿qué tenemos que hacer?
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